En qué consiste el proyecto de ley que busca regular los sistemas de inteligencia artificial en Chile

La propuesta busca establecer un marco normativo para el desarrollo, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en Chile. Su objetivo es asegurar que la IA esté al servicio de las personas, respetando los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, y promoviendo el bienestar social, la igualdad de género y la protección de datos. Además, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, define obligaciones para sus operadores, y establece principios éticos y técnicos que deben cumplirse.

El jueves 15 de mayo La Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobó el proyecto de ley busca regular los sistemas de IA en Chile. La iniciativa se centra en: proteger derechos fundamentales, fiscalizar a través de una Agencia de Protección de Datos Personales, crear un Consejo Asesor Técnico permanente en IA, crear espacios controlados para probar nuevas soluciones, y enfocarse especialmente en Pymes.

La iniciativa aplica a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores de inteligencia artificial en Chile, incluyendo a actores internacionales que cuenten con servicios IA en territorio chileno. Se excluyen usos militares, pruebas experimentales previas al mercado y algunos casos de código abierto.

Los cinco ejes del proyecto

En primer lugar, protege y prioriza los derechos fundamentales. El proyecto establece como principio rector que todo sistema de inteligencia artificial debe desarrollarse y utilizarse en estricto respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de Chile. Esto incluye la privacidad de las personas, su integridad física y mental, la protección de datos personales, la seguridad, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Además, se incorpora un enfoque de género para evitar que los sistemas de IA reproduzcan o amplifiquen desigualdades estructurales, especialmente en contextos como el acceso a servicios, el empleo o la representación mediática.

Segundo, busca fiscalizar mediante una Agencia de Protección de Datos Personales. La ley propone que la Agencia de Protección de Datos Personales asuma un rol protagónico en la fiscalización de los sistemas de IA. Su tarea será garantizar que estos sistemas cumplan con las normativas de privacidad, gobernanza de datos y transparencia. Esto incluye la revisión del uso de algoritmos, la gestión de riesgos y la prevención de sesgos en los modelos entrenados con datos sensibles. La agencia también podrá emitir recomendaciones, iniciar investigaciones y sancionar cuando se identifiquen vulneraciones a los derechos de las personas.

En tercer lugar, propone la creación de un Consejo Asesor Técnico en IA. El proyecto contempla la formación de un Consejo Asesor Técnico permanente en inteligencia artificial, compuesto por expertos y expertas del ámbito científico, académico, tecnológico y social. Este consejo tendrá la misión de entregar directrices al Estado sobre cómo fomentar una IA ética, segura e inclusiva, y también tendrá un rol en la evaluación de tecnologías emergentes. Será una instancia clave para asegurar que las decisiones legislativas y regulatorias cuenten con sustento técnico y respondan a los avances constantes del ecosistema digital.

Cuarto, buscar crear espacios controlados de prueba o sandbox. Una de las innovaciones destacadas del proyecto es la creación de espacios de prueba controlados, también conocidos como sandboxes regulatorios. En estos entornos, los desarrolladores podrán testear nuevas aplicaciones o soluciones de IA en condiciones supervisadas, antes de lanzarlas al mercado. Esto permite fomentar la innovación sin poner en riesgo la seguridad o los derechos de los usuarios, y ayuda a las autoridades a comprender mejor las implicancias técnicas y éticas de nuevas tecnologías antes de regularlas de forma generalizada.

Por último, será una iniciativa con enfoque especial en Pymes. El proyecto reconoce que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan mayores barreras para acceder a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Por ello, propone la adopción de medidas específicas para facilitar su incorporación a estos procesos: asesoría técnica, normas flexibles según el tamaño del operador y mecanismos de apoyo público. De este modo, se busca evitar que la regulación se convierta en una carga para los emprendimientos y, en cambio, promuevan su competitividad e innovación en un entorno seguro y equitativo.

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